Crisis y transformación del trabajo en Argentina, ¿Qué cambios nos trae la nueva normalidad?

El modesto objetivo de este artículo es intentar reflexionar sobre el impacto que la pandemia y la nueva normalidad vienen teniendo en el mercado laboral argentino. También se intentará reflexionar sobre algunas posibles herramientas de intervención desde la política y el Estado, para atenuar los impactos negativos a nivel social y económico de esta nueva realidad.

¿De dónde venimos?

Tal y como reflexionan Tirado y Grabois [1], desde principios de la década del 70 del siglo pasado, el modo hegemónico de organizar la economía, la sociedad y la cultura en el mundo, en nuestra región y en nuestro país es el Neoliberalismo. Este modo específico de organización terminó de imponerse a escala planetaria con la crisis y ulterior implosión de la Unión Soviética.

En nuestra región y país, si bien existieron experiencias políticas que desde los gobiernos pusieron en tensión y rivalizaron con este paradigma (por ejemplo, las experiencias de los gobiernos Kirchneristas en Argentina, el gobierno de Lula en Brasil, de Correa en Ecuador, y de Chávez en Venezuela), lo cierto es que nunca pudo constituirse un paradigma alternativo que perdurara en el tiempo y derrotara finalmente al Neoliberalismo.

Por eso, es importante reflexionar a groso modo en torno a los efectos que el Neoliberalismo tuvo en la economía de nuestro país y en el mercado de trabajo.

La privatización de las principales empresas del Estado, el aumento de la extranjerización de nuestra economía y la flexibilización y precarización del mercado de trabajo formal, son algunos de los cambios fundamentales que este modelo produjo en la estructura económico- social de nuestro país y que al día de hoy mantienen su incidencia. 

En palabras de Juan Grabois:

“La reconversión de las grandes empresas y del sector público efectuadas siguiendo las recetas de privatización, desregulación,  y deslocalización cambiaron para siempre el paradigma de pleno empleo y seguridad social universal propio de los `30 gloriosos´ (1945- 1973). A medida que se reducía el mercado formal de trabajo, brotaron o reverdecieron un sinnúmero de actividades de subsistencia en las que encontraron refugio las familias excluidas del nuevo orden” [2]. 

Por lo tanto, el Neoliberalismo produjo la atomización del mercado de trabajo.

En primer lugar, al interior del mercado de trabajo formal mediante la proliferación de nuevas modalidades de contratación, de las cuales podemos destacar el aumento indiscriminado de las tercerizaciones y de la figura del trabajo autónomo y monotributista. Estas figuras contractuales en general se utilizaron y aún se utilizan para encubrir la relación de dependencia de los y las trabajadoras con las principales empresas que de este modo abaratan sus costos e incrementan sus ganancias, por supuesto a costa de la calidad de vida de l@s trabajadores y de la fragmentación del mercado de trabajo formal.

En segundo lugar, la flexibilización de los Convenios Colectivos de Trabajo dio lugar a una elevada diferenciación salarial según la rama de actividad donde se trabaje y el lugar que se ocupe en la empresa.

En tercer lugar, la expulsión de la mano de obra asalariada de las principales empresas y del Estado fue consolidando un mercado de trabajo informal cada vez más grande. Luego, cuando las sucesivas crisis impactaban sobre la actividad económica y el nivel del empleo, se fue estructurando una economía de nuevo tipo, una economía construida por aquellos y aquellas que no podían acceder al empleo asalariado (formal e informal) pero que necesitaban crearse los medios de subsistencia necesarios para poder sobrevivir, así nació lo que hoy conocemos como Economía Popular.

De este modo, una de las principales consecuencias que el Neoliberalismo introdujo en la estructura económica y social argentina, y que aún perdura al día de hoy, es la atomización y fragmentación del mercado de trabajo y la expulsión sostenida de la mano de obra de la economía formal que será difícil de revertir si no hay una política Estatal sostenida en el tiempo.   

Por supuesto que la experiencia de los gobiernos Kirchneristas lograron revertir en parte esta tendencia, pero los 4 años del gobierno de Mauricio Macri (de tinte Neoliberal) frenaron estos cambios y redujeron el margen de acción del Estado dado los altos niveles de endeudamiento externo consolidado durante esa gestión.

Así las cosas, la estructura económica y social heredada del Neoliberalismo no se ha modificado en su totalidad. Las luchas sociales, económicas y políticas que nuestro país viene presenciando los últimos años, tienen que ver en gran parte con esta situación y con la necesidad de un lado, de estructurar un nuevo paradigma que deje atrás al neoliberalismo, y del otro, con la necesidad del establishment económico y mediático de no solo sostener el modelo neoliberal sino de llevarlo hasta sus últimas consecuencias.

Pandemia y nueva normalidad

La pandemia del Covid 19, y la resultante crisis sanitaria y económica mundial, tuvo un impacto negativo en nuestra economía y por supuesto en el mercado de trabajo. Durante el año pasado, la economía retrocedió 9 puntos, y la creación de puestos de trabajo en el sector formal fue prácticamente nula [3].

A su vez, las medidas de restricción a la circulación de personas tomadas por el gobierno nacional, inevitables dada la crisis sanitaria desatada por la pandemia, dió lugar a que modalidades de empleo como el teletrabajo y el trabajo de plataformas encontraran un fundamento para un crecimiento inesperado hace algunos años atrás.

De este modo, se agregaron nuevos elementos de disociación y diferenciación en el mercado de trabajo (formal e informal). Lo peligroso de esto es que pareciera ser que no se toma dimensión, a nivel social y gubernamental, de que los cambios introducidos por la pandemia, a nivel económico, social y cultural, están constituyendo una nueva normalidad que tiene importantes consecuencias sobre la economía y sobre el mercado de trabajo.

Por ello, y tal como lo sostiene Scasserra [4], la regulación estatal de estas modalidades de empleo, que vienen encontrando su auge desde la irrupción de la pandemia, será fundamental para que el conjunto de los trabajadores y trabajadoras del país no pierdan derechos, y para que la fragmentación que el Neoliberalismo viene operando en el mercado de Trabajo, fundamentalmente desde la década del 90 a esta parte, no encuentre nuevos cauces. La reciente sanción en el congreso nacional de la ley que regula la modalidad del teletrabajo, es un buen aporte en este sentido, pero resta mucho por hacer en relación a la regulación del trabajo en plataformas [5], y para pensar desde el Estado, modos que logren ubicar a los y las trabajadoras de la economía popular en niveles de vida dignos y aceptables (por encima del nivel de pobreza).

Momentos extraordinarios como el que nos toca atravesar requieren de un Estado activo que regule fuertemente la economía para intentar revertir de este modo las desigualdades económicas, sociales y culturales que la pandemia vino a profundizar, pero que como desarrollamos en este trabajo vienen teniendo su auge desde que el Neoliberalismo pudo aplicar sus políticas estructurales desde la década del 70 a esta parte, en diferentes períodos de tiempo y desde diferentes gobiernos.

El rol de la militancia y la política

La militancia por su parte tiene la responsabilidad de lograr formas organizativas que contemplen la articulación entre los diferentes estratos de trabajadores y trabajadoras (de la economía formal, informal y popular), con los principales colectivos que se van configurando como los principales instrumentos de transformación social: el feminismo y el ambientalismo popular. Desde esta articulación puede pensarse una base de apoyo para un proyecto político de transformación progresiva de la realidad que invite a otros sectores sociales y políticos a refundar las bases de nuestro país sobre criterios de soberanía política, independencia económica y justicia social.

Es indispensable construir un bloque policlasista y plural que ponga en cuestión no solo las consecuencias que el neoliberalismo produjo en el mercado de trabajo sino en todos los órdenes de la vida: alterando negativamente la relación de los seres humanos con la naturaleza (indudablemente una de las causas de la actual crisis sanitaria), y aumentando exponencialmente los niveles de pobreza, indigencia y exclusión social. Por supuesto, un proyecto de transformación genuino debe contemplar que las mujeres, las disidencias sexuales y las minorías raciales son los principales sectores perjudicados por esta realidad, más allá que la actual crisis y las transformaciones operadas por el Neoliberalismo afectan al conjunto de los sectores populares. Entiendo que solo desde una construcción política de este tipo (diversa y heterogénea) puede construirse la fuerza social necesaria para ir transformando paulatinamente la estructura económica y social de nuestro país, y de ese modo ofrecer nuevas posibilidades de desarrollo al conjunto de la población.     

[1] Véase Grabois (2014: 4) y Tirado (2021).

[2] Grabois (2014: 5).

[3] Para pensar el impacto que la pandemia tuvo en el mercado de trabajo formal véase Verón (2021).

[4] Scasserra (2019).

[5] Varias regulaciones que en este sentido son interesantes para discutir pueden encontrarse en las conclusiones del trabajo de Scasserra (2019). Algunas de las que destaco son: respeto de los derechos laborales vigentes (por ejemplo: vacaciones pagas y días de enfermedad pagos), el derecho por parte de los trabajadores y trabajadoras a la desconexión digital, y el derecho a la organización sindical, entre otras. 

Referencias

Grabois, Juan. 2014. “Precariedad laboral, exclusión social y economía popular”. Disponible en: http://www.pas.va/content/dam/accademia/pdf/es41/es41-grabois.pdf

Grabois, Juan. 2021. “Transformación del trabajo y nuevas y viejas formas del capitalismo”. Conferencia disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=0LNnTb-FVvk

Scasserra, Sofía. 2019. “Cuando el jefe se tomó el buque, el algoritmo toma el control”. Fundación foro del sur. Buenos Aires. Disponible en: https://lasargentinastrabajamos.com/pdf/Sofia_Scasserra_Cuando_el_jefe_se_tomo_el_buque.pdf

Tirado, Arantxa. 2021. “Nuevas y viejas formas del trabajo en un capitalismo en transformación: trabajo, clase obrera y sindicalismo”. Clase disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=agP39sZGVUY

Verón, Fernando. 2021. “La realidad del mercado laboral en Argentina: algunas certezas e incertidumbres”. Artículo disponible en: https://ferveron.blogspot.com/2021/06/la-realidad-del-mercado-laboral-en.html

La realidad del mercado laboral en Argentina: algunas certezas e incertidumbres

El Ministerio de Trabajo de la Nación dió a conocer los últimos datos oficiales disponibles en relación al mercado de trabajo formal. En un informe titulado "Situación y evolución del trabajo registrado. Junio 2021/datos a marzo 2020", el organismo reveló la situación del mercado de trabajo durante el mes de Marzo. En el informe, también puede verse la evolución del trabajo formal en Argentina durante los últimos 12 meses (Marzo 2020- Marzo 2021).

Mercado de trabajo formal

Según las mediciones que el organismo recoge del SIPA (AFIP) el mercado de trabajo formal de nuestro país contabilizó a Marzo del 2021 un total de 12.006.500 trabajadores, casi 30.000 puestos de trabajo menos que en el mismo período del año anterior. De ese total, 5.901.700 son trabajadores asalariados del sector privado y 3.231.200 son trabajadores asalariados del sector público. Por su parte, del total general, 471.300 puestos corresponden al rubro “Personal de casas particulares”, mientras que se reveló la existencia de 1.658.900 monotributistas, 379.400 trabajadores autónomos y 363.900 monotributistas sociales.

Si tomamos el período de tiempo comprendido entre Marzo del 2020 y Marzo del 2021, notamos una baja considerable de los puestos de trabajo durante los meses de Abril y Mayo del año 2020, justo en el momento más álgido de la pandemia del Covid 19 a nivel mundial, hecho que motivó que el gobierno tomara medidas sanitarias de fuertes restricciones a la circulación, las cuales tomaron el nombre de ASPO (Aislamiento Social, preventivo y obligatorio).

En efecto, tal como muestran los datos que el organismo de gobierno pone a consideración, durante el mes de Abril del 2020 la pérdida de puestos de trabajo en el mercado formal fue de 187.000, mientras que durante el mes de Mayo del mismo año las pérdidas fueron de alrededor de 94.400 puestos, para luego ir recuperando paulatinamente los puestos de trabajo perdidos. 

Así y todo, si comparamos el total de trabajadores registrados en Marzo del 2020 (12.036.600) y Marzo del 2021 (12.006.500), todavía encontramos una merma de 30.100 puestos de trabajo, si bien la economía comienza a dar algunos síntomas de recuperación lo que podría motorizar el mercado de trabajo formal si esta tendencia se mantiene en los próximos meses.

Desempleo y mercado informal

Por su parte, el INDEC reveló en su informe titulado "Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH). Primer trimestre de 2021", la existencia de un 10,2% de desocupación laboral en relación a la población económicamente activa (PEA), es decir aquellas personas con una ocupación o que sin tenerla la buscan activamente y están dispuestas para trabajar.

Según este organismo del Estado, del total de los asalariados relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en 31 aglomerados urbanos, el 67,6% cuenta con aportes jubilatorios mientras que el restante 32,4% no los tiene.

De este modo, podemos constatar que la economía argentina,  además de no lograr crear puestos en el mercado formal de trabajo durante los últimos meses, mantiene un alto grado de desocupación y de informalidad.

Covid 19 y algunos problemas estructurales del mercado de trabajo

Indudablemente, la pandemia del Covid 19 agravó la tendencia contractiva que el mercado de trabajo viene arrastrando durante los últimos 4 años. Solo a modo de ejemplo, durante el mes de Marzo del 2017, la cantidad de trabajadores del sector formal contabilizaba un total de 12.107.100 (una cifra muy similar a la actual). En Marzo del 2018 contabilizábamos 12.347.400 trabajadores formales, y en el mismo período pero del año 2019, 12.138.500 puestos de trabajo en la economía formal. Por lo tanto, más allá de algunas oscilaciones puntuales hacia el alza durante los últimos 4 años, vemos que la tendencia a la contracción del mercado de trabajo formal se viene arrastrando desde hace largo tiempo, y es un problema que excede las circunstancias de la pandemia y de la gestión política actual.

La hipótesis que vamos a sostener en este artículo es que son tres las causas que de alguna manera imposibilitan una mayor creación de puestos de trabajo. Primero, la recesión económica que se viene produciendo en nuestro país desde el año 2018 a la actualidad. Segundo, el fuerte impacto que generó la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid 19 en la economía mundial y que de alguna manera profundizó la recesión económica interna a la que aludimos. Tercero, el fuerte avance tecnológico y el desarrollo de la economía de plataformas que tienden a simplificar las tareas en distintos rubros (como en el sector comercio, gastronómico, financiero, de transportes, etc.) y tiende a la expulsión de la mano de obra en el mercado de trabajo formal.

Y entonces, ¿Qué hacer?

Como puede deducirse de lo planteado hasta el momento, creemos que solo una intervención sostenida desde el Estado puede revertir esta tendencia contractiva a la que aludimos en este artículo. Generando una mayor distribución de la riqueza desde los sectores concentrados de la economía hacia los sectores más postergados, para de ese modo dinamizar el mercado interno por la vía del consumo.  También, continuando la política sanitaria de vacunación, para que cada vez sean más limitadas las restricciones a la circulación de las personas y de este modo generar otro incentivo para la dinamización y crecimiento de la economía. Por último, regulando con una legislación específica que atienda la pérdida de los puestos de trabajo producto del impacto que el avance tecnológico ocasiona sobre la creación de los empleos en el mercado formal e impidiendo la precarización de los empleos a la que tiende la economía de plataformas (Uber, Cabify, Mercado Pago, Rappi, Pedidos Ya, etc). La reducción de la jornada de trabajo a 6hs, también podría ser una potente herramienta de intervención Estatal para distribuir las horas de trabajo disponibles entre un mayor número de personas, y de ese modo, al menos en el corto plazo, dar nuevas posibilidades de acceso al mercado de trabajo formal.  

También, es importante que el Estado logre construir herramientas legales que permitan regular las nuevas modalidades de Trabajo que se afianzaron producto del advenimiento de la pandemia y de las restricciones gubernamentales a la circulación. La más extendida y difundida de estas modalidades es la de Teletrabajo. En dos artículos muy interesantes que recomendamos, la economista Sofía Scaserra da cuenta de esta necesidad y de cómo una mayor intervención del Estado en la regulación de estas modalidades permitiría no solo defender los empleos de calidad, sino resguardar los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras del país. En particular, recomendamos su ensayo "Los nuevos hamsters de las plataformas", que la autora publicó en el portal Anfibia. También puede consultarse su muy buen artículo "Teletrabajo, derecho a la desconexión", que aborda la misma temática.

La reciente sanción en el congreso de la ley que regula la modalidad del teletrabajo, es un buen aporte para regular esta actividad y evitar la proliferación de formas contractuales no formales.

Solo un Estado activo que tome decisiones extraordinarias para un momento extraordinario como el que estamos atravesando como país, podrá revertir esta tendencia hacia la contracción del mercado formal de trabajo y de la economía en su conjunto.

Dada la situación en la que se encuentra la economía mundial no será una tarea sencilla, pero está demostrado por la historia reciente de nuestro país que momentos extraordinarios requieren medidas audaces y heterodoxas que se atrevan a lidiar con situaciones inéditas desde posiciones no dogmáticas ni rígidas. 

¿Hacia dónde va el sistema político argentino?

Parece una eternidad, pero pasaron apenas 9 meses desde la asunción del gobierno de Alberto Fernández el 10 de Diciembre pasado. En estos meses, mucha agua ha corrido bajo el puente y es momento de parar la pelota, observar el panorama en su complejidad y tratar de visualizar cómo se va constituyendo el escenario político argentino. 

Para comenzar, debemos situarnos en el contexto. Ya se sabía antes de asumir que, el principal escollo que tendría que sortear el actual gobierno para lograr hacer crecer la economía y distribuir la riqueza de manera más equitativa era la situación económica deplorable que había dejado la administración política anterior. El modelo de desregulación y de liberalización económica en todos los frentes dejó como principal saldo negativo: una deuda externa monumental e impagable de apróximadamente u$s 110.000 millones, altos niveles de inflación (el último año de gestión fue del 56%), altas tasas de interés, aumento de la desocupación y de la pobreza, y una agudísima recesión económica. A este dificilísimo panorama económico y social heredado, se le sumó a principio de año la irrupción de la pandemia del Covid 19 que vino a agudizar todos los problemas económico- sociales de la gestión anterior y todos aquellos que encuentran su origen en las características estructurales de nuestra sociedad. La situación política en la región, caracterizada por la consolidación relativa de gobiernos conservadores en la mayoría de los países y la proscripción a los líderes populares (Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador), terminan de coronar un cuadro sumamente adverso para las fuerzas del campo popular en nuestro país. 

Este es el trasfondo real de nuestro actual escenario político. Como se ha dicho en reiteradas oportunidades, el gobierno de Alberto Fernández definió gestionar la crisis atendiendo a tres cuestiones principales: frente a la pandemia, priorizar la defensa de la vida de todxs los argentinxs; intentar generar una cobertura social lo más amplia posible mientras dure la crisis sanitaria; y renegociar la deuda externa intentando generar condiciones de pago favorables que permitan un despegue de la economía a mediano plazo. Aunque con algunas dificultades lógicas, los resultados de esta estrategia política venían siendo bastante buenos y eso ha llevado a que algunos sectores de la oposición política hayan pasado de una estrategia de confrontación velada a una de abierta polarización, cuyas consecuencias políticas hoy resultan impredecibles. Priorizan de este modo las especulaciones políticas a los peligros manifiestos para toda la sociedad argentina de una pandemia cuya cura definitiva aún no se ha encontrado. 

¿En qué consiste la estrategia de polarización que proponen los sectores radicalizados de la oposición política?

Esta estrategia se viene desplegando en varios frentes. Desde la impugnación constante a la gestión del gobierno de parte de algunos dirigentes como Macri, Bullrich o Pichetto, pasando por el fogoneo constante de los principales medios de comunicación contra el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), hasta las movilizaciones de grupos minoritarios aunque intensos en los principales centros urbanos del país. 

Esta impugnación y crítica constante a la gestión del gobierno por parte de estos sectores constituye el componente esencial de una estrategia de polarización política que poco a poco comienza a develar características desestabilizadoras y hasta destituyentes. La razón principal de esto es que además de impulsar la confrontación permanente en un momento de crisis casi sin precedentes, se comienza a articular un discurso, con pretensión de hegemonía, donde todo el accionar del gobierno se cataloga como por fuera de la legalidad y de la Constitución Nacional. Solo a modo de ejemplo, si se intenta Estatizar Vicentín, avanzar en una reforma administrativa de la justicia o impulsar un aporte solidario por única vez de las grandes fortunas, se replica que esas medidas son arbitrarias, atentan contra la propiedad privada o contra la división de poderes. En suma, se intenta construir la imagen de un gobierno desbocado alojado por fuera de todo marco normativo, y eso pretende justificar comportamientos ilegales, como la ruptura del ASPO o la movilización de agentes armados de la policía bonaerense a la casa del Gobernador y a la residencia del Presidente de la Nación. Se camina así por el filo de la cornisa, pareciera ser que todo vale con tal de construir mayor oposición al gobierno. Se pretenden horadar los consensos nacionales que tanto esfuerzo le costaron a generaciones enteras. Si el respeto a la legalidad del sistema democrático era un punto de partida indiscutible para toda la sociedad, estos sectores pretenden ponerlo en cuestión. Naturalizan prácticas y discursos misóginos, violentos y de alta intolerancia política. 

Algunos teóricos de la democracia, como Ernesto Laclau o Chantal Mouffe dicen que para que la democracia pueda desarrollarse sin interrupciones es fundamental que el oponente político sea visualizado como un adversario y no como un enemigo. La lógica de amigo- enemigo es incompatible con las características del sistema democrático, donde se supone que las diferencias deben canalizarse a través de las instituciones y de las normas establecidas. No vale todo.  

Este tipo de movimientos no deben subestimarse, no alcanza con denunciarlos o enfrentarlos frontalmente. Es necesario un debate constante respecto de las consecuencias que suponen este tipo de prácticas y discursos. Sí, la democracia y el gobierno constitucional en Argentina están hoy amenazados, no somos ajenos a lo que en términos políticos viene sucediendo en la región. El golpe de Estado en Bolivia al gobierno de Evo Morales también parecía improbable pero poco a poco se fue construyendo, de arriba hacia abajo (de los medios, hacia algunos sectores radicalizados de la sociedad civil), hasta que los discursos de odio e intolerancia encontraron eco en algunos sectores de las Fuerzas de Seguridad. Acaso la movilización armada de algunos sectores de la bonaerense a la residencia de Olivos debe ser de mínima una señal de alarma. 

Atravesamos entonces una situación política, económica y social de extrema complejidad y gravedad. El gobierno deberá instrumentar toda su audacia e inteligencia para sortear con éxito la actual crisis que atravesamos. El éxito relativo de la gestión sanitaria y económica será fundamental para desarticular estas acciones de desestabilización política que encuentran en las dificultades presentes un caldo de cultivo para exaltar y extender el odio, no solo hacia el gobierno, sino también hacia el sistema democrático y las garantías legales establecidas.