Para comenzar, debemos situarnos en el contexto. Ya se sabía antes de asumir que, el principal escollo que tendría que sortear el actual gobierno para lograr hacer crecer la economía y distribuir la riqueza de manera más equitativa era la situación económica deplorable que había dejado la administración política anterior. El modelo de desregulación y de liberalización económica en todos los frentes dejó como principal saldo negativo: una deuda externa monumental e impagable de apróximadamente u$s 110.000 millones, altos niveles de inflación (el último año de gestión fue del 56%), altas tasas de interés, aumento de la desocupación y de la pobreza, y una agudísima recesión económica. A este dificilísimo panorama económico y social heredado, se le sumó a principio de año la irrupción de la pandemia del Covid 19 que vino a agudizar todos los problemas económico- sociales de la gestión anterior y todos aquellos que encuentran su origen en las características estructurales de nuestra sociedad. La situación política en la región, caracterizada por la consolidación relativa de gobiernos conservadores en la mayoría de los países y la proscripción a los líderes populares (Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador), terminan de coronar un cuadro sumamente adverso para las fuerzas del campo popular en nuestro país.
Este es el trasfondo real de nuestro actual escenario político. Como se ha dicho en reiteradas oportunidades, el gobierno de Alberto Fernández definió gestionar la crisis atendiendo a tres cuestiones principales: frente a la pandemia, priorizar la defensa de la vida de todxs los argentinxs; intentar generar una cobertura social lo más amplia posible mientras dure la crisis sanitaria; y renegociar la deuda externa intentando generar condiciones de pago favorables que permitan un despegue de la economía a mediano plazo. Aunque con algunas dificultades lógicas, los resultados de esta estrategia política venían siendo bastante buenos y eso ha llevado a que algunos sectores de la oposición política hayan pasado de una estrategia de confrontación velada a una de abierta polarización, cuyas consecuencias políticas hoy resultan impredecibles. Priorizan de este modo las especulaciones políticas a los peligros manifiestos para toda la sociedad argentina de una pandemia cuya cura definitiva aún no se ha encontrado.
¿En qué consiste la estrategia de polarización que proponen los sectores radicalizados de la oposición política?
Esta estrategia se viene desplegando en varios frentes. Desde la impugnación constante a la gestión del gobierno de parte de algunos dirigentes como Macri, Bullrich o Pichetto, pasando por el fogoneo constante de los principales medios de comunicación contra el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), hasta las movilizaciones de grupos minoritarios aunque intensos en los principales centros urbanos del país.
Esta impugnación y crítica constante a la gestión del gobierno por parte de estos sectores constituye el componente esencial de una estrategia de polarización política que poco a poco comienza a develar características desestabilizadoras y hasta destituyentes. La razón principal de esto es que además de impulsar la confrontación permanente en un momento de crisis casi sin precedentes, se comienza a articular un discurso, con pretensión de hegemonía, donde todo el accionar del gobierno se cataloga como por fuera de la legalidad y de la Constitución Nacional. Solo a modo de ejemplo, si se intenta Estatizar Vicentín, avanzar en una reforma administrativa de la justicia o impulsar un aporte solidario por única vez de las grandes fortunas, se replica que esas medidas son arbitrarias, atentan contra la propiedad privada o contra la división de poderes. En suma, se intenta construir la imagen de un gobierno desbocado alojado por fuera de todo marco normativo, y eso pretende justificar comportamientos ilegales, como la ruptura del ASPO o la movilización de agentes armados de la policía bonaerense a la casa del Gobernador y a la residencia del Presidente de la Nación. Se camina así por el filo de la cornisa, pareciera ser que todo vale con tal de construir mayor oposición al gobierno. Se pretenden horadar los consensos nacionales que tanto esfuerzo le costaron a generaciones enteras. Si el respeto a la legalidad del sistema democrático era un punto de partida indiscutible para toda la sociedad, estos sectores pretenden ponerlo en cuestión. Naturalizan prácticas y discursos misóginos, violentos y de alta intolerancia política.
Algunos teóricos de la democracia, como Ernesto Laclau o Chantal Mouffe dicen que para que la democracia pueda desarrollarse sin interrupciones es fundamental que el oponente político sea visualizado como un adversario y no como un enemigo. La lógica de amigo- enemigo es incompatible con las características del sistema democrático, donde se supone que las diferencias deben canalizarse a través de las instituciones y de las normas establecidas. No vale todo.
Este tipo de movimientos no deben subestimarse, no alcanza con denunciarlos o enfrentarlos frontalmente. Es necesario un debate constante respecto de las consecuencias que suponen este tipo de prácticas y discursos. Sí, la democracia y el gobierno constitucional en Argentina están hoy amenazados, no somos ajenos a lo que en términos políticos viene sucediendo en la región. El golpe de Estado en Bolivia al gobierno de Evo Morales también parecía improbable pero poco a poco se fue construyendo, de arriba hacia abajo (de los medios, hacia algunos sectores radicalizados de la sociedad civil), hasta que los discursos de odio e intolerancia encontraron eco en algunos sectores de las Fuerzas de Seguridad. Acaso la movilización armada de algunos sectores de la bonaerense a la residencia de Olivos debe ser de mínima una señal de alarma.
Atravesamos entonces una situación política, económica y social de extrema complejidad y gravedad. El gobierno deberá instrumentar toda su audacia e inteligencia para sortear con éxito la actual crisis que atravesamos. El éxito relativo de la gestión sanitaria y económica será fundamental para desarticular estas acciones de desestabilización política que encuentran en las dificultades presentes un caldo de cultivo para exaltar y extender el odio, no solo hacia el gobierno, sino también hacia el sistema democrático y las garantías legales establecidas.
